Política

Informe: exagentes y personas no autorizadas siguieron utilizando la red de vigilancia de Flock

Un informe publicado hoy documenta que antiguos agentes de policía o agentes suspendidos seguían teniendo acceso a los datos de las cámaras de Flock en varias ciudades de Estados Unidos. Las investigaciones y las denuncias penales en Indianápolis revelan deficiencias sistémicas en los controles de acceso y las auditorías.

Un informe de The Washington Post publicado hoy, 21 de octubre de 2026, señala que usuarios cuya relación laboral había terminado, agentes suspendidos y, en algunos casos, personas externas seguían teniendo acceso a los datos de Flock Safetyy que la red de cámaras, extendida por todo el país, se utilizó para investigaciones no autorizadas. El informe enumera casos en varios estados y plantea dudas sobre los controles técnicos y contractuales del proveedor. Antecedentes y fecha documentada: El 23 de

septiembre de 2026, el fiscal de Marion County en Indianápolis anunció investigaciones penales; varios procesos de la zona y posteriores declaraciones públicas de la jefatura policial confirman acusaciones concretas contra algunos agentes por consultas indebidas en los sistemas de Flock. Otros medios locales y documentos judiciales dan cuenta de varios incidentes similares en otras ciudades. Antecedentes y tecnología: Flock Safety opera una red de cámaras de reconocimiento automático de matrículas (lector automático de matrículas, ALPR), que recopilan imágenes de vehículos, así como datos de hora y ubicación. Las autoridades utilizan estos sistemas para buscar sospechosos, pero la agregación de datos crea un riesgo comprobado de uso indebido si las cuentas no están vinculadas estrictamente a direcciones de correo electrónico oficiales, las bajas no se automatizan cuando alguien deja el puesto o los registros de auditoría no se revisan a tiempo.

Expertos en seguridad y municipios afectados afirman que estas reglas básicas no se respetaron en varios casos. Intereses y consecuencias: Los casos documentados tienen consecuencias inmediatas para la aplicación de la ley, la privacidad y la regulación política. Varias ciudades están reconsiderando sus contratos con proveedores; algunos concejos han iniciado revisiones y, en Indianápolis, las revelaciones dieron lugar a auditorías internas, medidas disciplinarias y denuncias penales. A nivel federal y en varios estados aumentan las demandas de normas legales claras sobre el acceso, el almacenamiento y la divulgación de datos ALPR. Declaraciones atribuibles y cuestiones pendientes: Las medidas penales mencionadas y las declaraciones de representantes de las autoridades están respaldadas por comunicados de organismos locales y documentos judiciales.

No está claro en qué medida fueron determinantes las deficiencias técnicas de Flock, en comparación con las fallas en las prácticas informáticas de las autoridades; para aclararlo se necesitan auditorías más exhaustivas y acceso a registros internos. Conclusión: La combinación de una amplia disponibilidad de datos de movimiento y una gestión deficiente de los usuarios permitió abusos de forma comprobada. En la actualidad, municipios y fiscalías están estudiando medidas de reforma concretas; todavía no existen normas nacionales.

Redactor: Phillipe Schmidt-Araguin (artículo elaborado con asistencia de IA).

Fuentes