Tras un procedimiento de urgencia, un tribunal federal de distrito 5 de septiembre de 2026 confirmó la vigencia de una orden judicial que prohíbe al gobierno federal utilizar una base de datos revisada para verificar la ciudadanía de las personas con derecho a voto. La decisión afecta al controvertido cambio del sistema Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) y se produce tras una decisión previa del US District Court for the Distrito de Columbia desde el 22 de junio de 2026, que anuló la creación de la nueva base de datos y los correspondientes avisos del System of Records.
El núcleo de la disputa judicial es la demanda presentada por League of Women Voters et al. contra el Department of Homeland Security (DHS) y la Social Security Administration (SSA). Los demandantes sostienen que las modificaciones transformaron el sistema SAVE en un registro nacional de ciudadanía, centralizaron datos personales y, con ello, infringieron las normas de privacidad y procedimiento. El tribunal de distrito determinó el 22 de junio de 2026 que los cambios se habían realizado de forma «ilegal, arbitraria y sin observar los procedimientos exigidos»; la decisión de apelación confirmó ahora parcialmente esa conclusión al bloquear el uso a escala nacional antes de las elecciones de medio término de Estados Unidos.
Los documentos oficiales del proceso indican que el gobierno presentó una apelación el 25 de junio de 2026 y solicitó, al mismo tiempo, la suspensión (Stay) de la sentencia del District Court. La decisión de apelación del 5 de septiembre rechazó esa solicitud y destacó los riesgos concretos de clasificar erróneamente a personas naturalizadas y a otros votantes elegibles, así como las posibles interferencias con el derecho al voto.
Las consecuencias son inmediatas: conforme a las restricciones impuestas por el tribunal, las agencias federales no pueden, por ahora, utilizar el sistema SAVE para realizar consultas masivas sobre ciudadanía; varios estados habían realizado antes accesos o consultas temporales. Organizaciones demandantes como la League of Women Voters y grupos de defensa de la privacidad valoraron la confirmación de la orden como una protección contra la depuración ilegal de los padrones electorales. El gobierno anunció que continuará con las acciones legales.
Se distinguen los hechos, las atribuciones y las previsiones: los documentos judiciales del District Court (22 de junio de 2026) y los antecedentes de la apelación (presentada el 25 de junio de 2026; decisión confirmatoria del 5 de septiembre de 2026) constituyen la base jurídica. Que la administración pueda volver a utilizar el sistema SAVE en una forma modificada dependerá de nuevas instancias de apelación y de posibles decisiones de la Supreme Court; sigue siendo una cuestión abierta y no forma parte de la decisión actual.
Redactor: Phillipe Schmidt-Araguin (artículo elaborado con asistencia de IA).