Tras una audiencia ante el Court of Appeals for the Fourth Circuit el 15 de septiembre de 2026 el Departamento de Justicia (Departamento de Justicia) intentó reanudar los procesos penales suspendidos en noviembre de 2025 contra James B. Comey Jr. y Letitia James Los procesos habían sido desestimados por la jueza de distrito Cameron McGowan Currie el 24 de noviembre de 2025 porque, según el tribunal, la entonces fiscal federal interina Lindsey Halligan había sido nombrada ilegalmente. Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron durante la audiencia de apelación que las objeciones al nombramiento de Halligan no justificaban la invalidez permanente de las acusaciones y que, por tanto, debían revocarse.
Durante la audiencia del 15 de septiembre, los jueces del Cuarto Circuito mostraron un claro escepticismo ante algunos argumentos del Gobierno, en particular ante la idea de que el Poder Ejecutivo pudiera eludir de facto la facultad de confirmación del Senado mediante nombramientos interinos reiterados. Los representantes de la defensa destacaron los límites constitucionales y legales en sentido contrario, así como las consecuencias procesales, incluidas las cuestiones relativas a la prescripción: en el caso de Comey, la jueza Currie ya había señalado en noviembre de 2025 que volver a presentar cargos podría ser inadmisible debido al vencimiento de los plazos de prescripción; el Gobierno cuestiona esa interpretación.
La disputa legal trasciende los casos concretos y tiene implicaciones para las prácticas de nombramiento del Poder Ejecutivo. El 19 de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia había presentado la apelación; los casos se unificaron y se programó una audiencia oral para septiembre ante el Cuarto Circuito. Los documentos del tribunal y los escritos presentados por las partes muestran que la disputa aborda cuestiones centrales: la interpretación de la Federal Vacancies Reform Act, el alcance de las facultades de nombramiento del presidente y las consecuencias legales para las acusaciones ya presentadas.
Conviene distinguir los hechos, las declaraciones atribuidas y las posibles consecuencias: el hecho es que el tribunal de apelaciones escuchó los argumentos el 15 de septiembre de 2026; el Gobierno pide reanudar los procesos. Las posiciones de las partes son las que constan en las transcripciones de las audiencias y los expedientes judiciales. Las predicciones sobre el fallo o sus consecuencias a escala nacional serían especulativas; la decisión del Cuarto Circuito aportará claridad jurídica sobre los nombramientos interinos y el resultado de los procesos, y podría tener otras consecuencias políticas e institucionales, según se conceda la apelación total o parcialmente, o se rechace.
Redactor: Phillipe Schmidt-Araguin (artículo elaborado con asistencia de IA).