Un tribunal federal de Washington prorrogó el 13 de octubre de 2026 la orden judicial provisional que prohíbe al gobierno hacer efectiva la retirada, anunciada el 18 de septiembre de 2026, de las denominadas credenciales «hard pass» para periodistas de CNN, MS NOW y POLITICO ». El tribunal consideró probable que los demandantes prosperaran con sus reclamos constitucionales amparados por la Primera Enmienda y el debido proceso, y prohibió provisionalmente al gobierno (con excepción del presidente) hacer efectiva la exclusión.
Los hechos: el presidente Donald Trump había anunciado el 18 de septiembre de 2026 en una red social que «desterraría de la Casa Blanca» a los tres medios. Estos presentaron una demanda y obtuvieron inicialmente una orden de restricción temporal de 14 días, el 24 de septiembre de 2026; la prórroga dictada ahora mantiene el statu quo mientras continúa el proceso. En la orden escrita, el tribunal aclara que el gobierno debe restablecer de inmediato las credenciales «hard pass» de los afectados y no puede hacer efectiva la exclusión.
El juez, Timothy J. Kelly, quien forma parte del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia también subrayó en sus argumentos que la decisión no implica que las preocupaciones del presidente sobre la precisión periodística carezcan por completo de fundamento; sin embargo, lo pertinente es determinar si la medida es compatible con las obligaciones de protección constitucional. Durante las audiencias, pidió al Departamento de Justicia que presentara las pruebas más sólidas que justificaran por qué el gobierno considera necesaria la medida para proteger la seguridad nacional.
Antecedentes y consecuencias: la decisión tiene relevancia nacional porque aborda la cuestión fundamental de en qué circunstancias el poder ejecutivo puede restringir el acceso de la prensa. Expertos en derecho de los medios consideran que el caso podría aclarar nuevamente los límites de la intervención estatal en la libertad de prensa; además, el proceso podría sentar un precedente para futuras reglas sobre la relación entre las administraciones y los corresponsales. Paralelamente, grandes cadenas suspendieron temporalmente las transmisiones compartidas en señal de protesta, lo que afectó la cobertura práctica de actos presidenciales.
Declaraciones atribuidas y próximos pasos: el fallo es una orden provisional; aún no se sabe si un tribunal de apelaciones la revocará o si el proceso concluirá con una decisión definitiva sobre el fondo. En el juicio, el Departamento de Justicia defiende al gobierno; la parte demandante está representada por abogados especializados en derecho de los medios. Las próximas fechas concretas figuran en el expediente judicial público.
Redactor: Phillipe Schmidt-Araguin (artículo elaborado con asistencia de IA).