Política

La obligación de rastrear los barcos langosteros rige en todo el país desde 2023 y provoca demandas y protestas

Desde 2023, organizaciones estatales de pesca y la Administración federal exigen el seguimiento electrónico permanente de los principales pescadores de langosta y cangrejo Jonah. Las autoridades consideran que esto mejora los datos para gestionar las poblaciones y proteger a las ballenas raras; los pescadores denuncian una intromisión en su privacidad y problemas prácticos.

Según las normas oficiales, desde 2023 los titulares de licencias federales de pesca de langosta deben operar dispositivos electrónicos de seguimiento a bordo de sus embarcaciones; la obligación se aprobó en el marco normativo de la Atlantic States Marine Fisheries Commission y se aplicó en los años siguientes mediante medidas de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). El objetivo es recopilar datos de captura con alta resolución espacial y temporal para mejorar las evaluaciones de las poblaciones, proteger especies amenazadas y coordinar la planificación costera y mar adentro. (Estado de las medidas y normas de la ASMFC y la NOAA, aprobadas entre 2022 y 2024).

En 2022, la ASMFC había previsto, entre otras medidas, mediante la resolución denominada Addendum XXIX el uso de rastreadores electrónicos para los titulares de permisos federales de pesca de langosta y cangrejo Jonah; la NOAA aplicó parte de los requisitos mediante normas y guías posteriores, entre ellos la obligación de presentar informes electrónicos de captura (eVTR) a partir del 1 de abril de 2024 y requisitos generales para transmitir datos de posición. Las autoridades justifican el requisito por la necesidad de documentar mejor el uso de las zonas de pesca, las capturas incidentales y los encuentros con especies en peligro, como la ballena franca del Atlántico Norte.

Desde la entrada en vigor de las medidas, asociaciones de pescadores y algunos operadores de barcos en Nueva Inglaterra han expresado críticas y emprendido acciones judiciales. Se han presentado demandas y peticiones contra las normas; los principales argumentos sostienen que la transmisión permanente de posiciones somete a las empresas pesqueras a una vigilancia injustificada y pone en riesgo su seguridad y competitividad económica. Autoridades portuarias y pescadores han informado, en algunos casos, de problemas técnicos y de la obligación de instalar los dispositivos rápidamente y mantenerlos siempre operativos. Algunos procedimientos siguen pendientes; en casos concretos, los tribunales ya han fallado a favor de demandantes en asuntos relacionados con cuestiones constitucionales sobre la vigilancia estatal. ([seafoodsource.com](https://www.seafoodsource.com/news/premium/supply-trade/maine-lobstermen-sue-federal-government-over-monitoring-laws?utm_source=openai))

En la práctica, la obligación de rastreo rige actualmente en aguas federales y está acompañada en muchos estados por normas estatales complementarias; las competencias de las agencias federales, los estados y las comisiones regionales de pesca siguen siendo relevantes para su aplicación y para las exenciones. Entre los efectos documentados, la NOAA señala la mejora de los datos para evaluar las poblaciones y los procesos de planificación; entre los riesgos documentados, los grupos interesados mencionan la intromisión en la privacidad, posibles desventajas para la seguridad y la competitividad, y fallos técnicos. Hasta la fecha no se han aprobado cambios políticos concretos ni exenciones federales de alcance nacional; los litigios podrían dar lugar a suspensiones locales o sentencias que sienten precedente.

Redactor: Phillipe Schmidt-Araguin (artículo elaborado con asistencia de IA).

Fuentes