El 4 de octubre de 2026, los opositores al presidente Donald Trump intensifican sus esfuerzos para revertir por vía legislativa y administrativa los cambios políticos e institucionales que han marcado su mandato desde 2025. Las iniciativas se centran en dos ámbitos: propuestas legislativas para garantizar los derechos constitucionales y medidas para reforzar las normas de ética y de conflictos de intereses aplicables a los altos cargos del gobierno.
Una iniciativa concreta es la «No Political Enemies (NOPE) Act», presentada en el Senado el 14 de enero de 2026. El proyecto, presentado por el senador Christopher Murphy (demócrata por Connecticut), busca prohibir investigaciones federales, medidas de supervisión y acciones de ejecución destinadas principalmente a suprimir expresiones políticas o participación protegidas por la Constitución. El texto establece una inversión de la carga de la prueba: si los acusados presentan indicios sustanciales de motivación política, el gobierno debe demostrar que actuó por motivos legítimos. El proyecto de ley fue remitido al Comité Judicial y está registrado en la plataforma legislativa oficial (S. 3646).
Por otra parte, el exjefe de gabinete y actual mediador Rahm Emanuel presentó en Texas Tribune Festival en septiembre de 2026 una propuesta integral de cinco puntos para la reforma ética . Emanuel pidió, entre otras medidas, prohibir que los funcionarios negocien acciones, exigir fideicomisos ciegos a las personas con grandes patrimonios y limitar las inversiones en mercados de predicción. Su iniciativa se dirige a los tres poderes y busca conflictos de intereses reducir los conflictos de intereses y restablecer la confianza en la acción gubernamental.
Las fuentes documentadas muestran que la iniciativa NOPE es un proyecto legislativo formal en el 119.º Congreso, y que Emanuel presentó públicamente su plan en un foro de alcance nacional. Ambas medidas abordan cambios controvertidos observados por los críticos durante los últimos dos años, desde reorganizaciones de personal en agencias federales hasta un uso más amplio de las facultades de investigación y supervisión con fines políticos.
Desde el punto de vista legal, las propuestas buscan limitar el alcance del poder ejecutivo y reforzar las salvaguardas institucionales. En términos políticos, también responden a un cálculo estratégico: si la oposición obtiene el control del Congreso, dispondrá de herramientas legislativas; sin mayorías, muchas propuestas quedarían en el terreno de las recomendaciones y el debate público. Las declaraciones de sus promotores se atribuyen explícitamente a ellos; los efectos concretos dependerán de los procesos legislativos, posibles litigios y decisiones administrativas de implementación.
Cabe esperar un debate más intenso en el Congreso durante las próximas semanas; los plazos y las fechas de votación dependerán de las mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado.
Redactor: Phillipe Schmidt-Araguin (artículo elaborado con asistencia de IA).