Los fiscales generales de Iowa y Montana solicitaron el 26 de agosto de 2026 al Tribunal Supremo de Estados Unidos que abriera un proceso original entre estados y suspendiera la demanda antimonopolio encabezada por California contra la fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount . La iniciativa busca detener el proceso en el Distrito Norte de California , donde los estados demandantes ya obtuvieron una medida cautelar.
Según los solicitantes, la coalición de doce estados que presentó la demanda limita la libertad de otros estados para tomar decisiones económicas y politiza la aplicación de las leyes antimonopolio. Iowa y Montana sostienen que los efectos nacionales de las medidas que busca California exceden los límites de la aplicación legítima de la ley por parte de un estado. El fiscal general de California, Rob Bonta presentó la demanda en julio y la justificó alegando un posible deterioro de la competencia en los mercados de medios y streaming, en virtud de la Clayton Act.
Desde el punto de vista procesal, la iniciativa es inusual. El Tribunal Supremo rara vez admite demandas originales entre estados. Primero debe decidir si acepta siquiera examinar el caso. Si lo acepta, podría aclarar si los estados pueden enfrentarse directamente ante el máximo tribunal y en qué medida cuando ya hay procesos en marcha en instancias inferiores, así como delimitar las competencias entre la supervisión antimonopolio federal y la aplicación de la ley por los estados. Si se rechaza la solicitud, el proceso en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California seguirá adelante sin impedimentos.
En cuanto al fondo, las acusaciones giran en torno a si la fusión de Warner Bros. Discovery y Paramount reduciría las opciones de los consumidores, elevaría los precios o alteraría el poder de negociación frente a productores y socios de distribución. Los estados demandantes se basan en criterios antimonopolio para evaluar fusiones horizontales y entre empresas vinculadas verticalmente. Iowa y Montana replican que las ventajas de una fusión —como las economías de escala y una mayor competencia frente a grandes plataformas tecnológicas— podrían redundar en el interés público.
Hasta que un tribunal resuelva el caso, la fusión seguirá siendo jurídicamente incierta. Las empresas y los inversores deberán prever nuevos escritos de los estados participantes y plazos ajustados para presentar observaciones. El Tribunal Supremo no tiene un calendario fijo para decidir si admite el caso, aunque por lo general lo hace en poco tiempo. Es posible que los conglomerados involucrados tengan que suspender los pasos de integración operativa mientras siga vigente la medida cautelar en San Francisco.
Editora: Mira Cadena (artículo elaborado con asistencia de IA).