Tras conocerse nuevos documentos y presentarse una demanda civil, la gobernadora Kathy Hochul nombró el 1 de octubre de 2026 a la fiscal general de Nueva York, Letitia James mediante una orden ejecutiva como fiscal especial en la investigación de un presunto delito sexual en la Cornell University . La orden ejecutiva se refiere expresamente a un incidente ocurrido la noche del 19 al 20 de octubre de 2024 y a las críticas a la gestión del caso por parte de la policía de la Universidad de Cornell y del fiscal del distrito de Tompkins County (fiscal del distrito). (1 de octubre de 2026).
La medida del Gobierno estatal se produjo después de que una exalumna, identificada en la demanda como «Jane Doe», presentara una demanda civil el 16 de septiembre de 2026 y posteriormente se hicieran públicos algunos documentos de la investigación. En los expedientes con tachaduras incompletas, la demandante relata, entre otras cosas, que se sintió «como un señuelo»; medios estadounidenses documentaron informes internos de la universidad en virtud del Título IX, declaraciones de testigos y mensajes de texto. En noviembre de 2024, el fiscal del distrito encargado del caso, Matthew Van Houten, decidió inicialmente no iniciar acciones penales. El 28 de septiembre de 2026, Van Houten anunció que revisaría de nuevo la investigación; pocos días después, Hochul nombró a James fiscal especial.
La Orden ejecutiva n.º 64 menciona la fecha del presunto incidente (19–20 de octubre de 2024) y justifica el nombramiento con «información recién publicada» que plantea interrogantes sobre la actuación de la policía de Cornell y la decisión del fiscal del distrito. La fiscal James publicó el 1 de octubre de 2026 una declaración sobre la asunción de la tarea; la gobernadora afirmó en una rueda de prensa que había «perdido la confianza en la investigación original» y pidió una revisión independiente y completa.
Cornell ya había creado internamente un Grupo de trabajo sobre violencia sexual y presentado un informe final en marzo de 2026; al mismo tiempo, la universidad está ahora sometida a una fuerte presión en cuanto a su desempeño y credibilidad. Como fiscal especial, James puede examinar pruebas, presentarlas ante un gran jurado y, si procede, formular cargos; la decisión de presentar cargos recaerá entonces en la fiscalía de la investigación especial. El caso ha suscitado debates a escala nacional sobre la seguridad en los campus, los procedimientos del Título IX y la cooperación entre las autoridades universitarias y los organismos civiles encargados de hacer cumplir la ley.
Declaraciones atribuidas y cuestiones pendientes: la gobernadora Hochul pidió una «revisión externa independiente» y señaló la necesidad de proteger los derechos de las víctimas; Van Houten ha declarado en repetidas ocasiones que su decisión anterior se basó en la declaración resumida de la demandante que tenía entonces. Siguen sin resolverse cuestiones jurídicas, procesales y fácticas fundamentales, en particular qué información tenía la policía de Cornell en 2024 y si entonces se ocultaron detalles relevantes a la fiscalía. Se prevé que la investigación especial sea exhaustiva y dure varios meses.
Redactor: Phillipe Schmidt-Araguin (artículo elaborado con asistencia de IA).