El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) advirtió el 10 de noviembre de 2026 que, sin medidas decididas del Congreso, tendrá que recortar más servicios. Según el servicio postal federal, podría verse obligado a cerrar oficinas postales, reducir los días de reparto y aplicar nuevos aumentos de precios para cubrir un déficit de liquidez cada vez mayor. La entidad señaló la persistente caída del volumen de cartas, los elevados costos de personal y salud, y el aumento de los gastos operativos.
director general de Correos Louis DeJoy ya había expuesto los problemas financieros estructurales en audiencias y cartas anteriores. Algunas de las medidas debatidas —como los cambios en el reparto de seis días establecido por ley— requieren decisiones explícitas del Congreso. Otros pasos, como los ahorros operativos y los ajustes de las tarifas postales, pueden ser aplicados de forma limitada por el USPS dentro de las normas vigentes; sin embargo, según la entidad, su efecto no basta para cubrir los déficits previstos.
En el proceso político se debaten varias opciones: podrían aprobarse ayudas financieras temporales, ampliarse las líneas de crédito a través del Departamento del Tesoro, establecerse medidas legislativas específicas para aliviar las obligaciones de jubilación anticipada y salud, o precisarse el mandato legal de servicio universal. Cualquiera de estas opciones tendría que ser aprobada tanto por Cámara de Representantes como por Senado . Representantes de ambos partidos se mostraron recientemente dispuestos a dialogar sobre algunos puntos, aunque también hay oposición a otorgar subsidios directos a un proveedor que, formalmente, debe financiarse con sus propios ingresos.
Los efectos de nuevos recortes afectarían de manera desigual a distintas regiones y grupos. Las zonas rurales y los barrios de bajos ingresos dependen en gran medida de sus oficinas postales locales y de un reparto regular para la correspondencia oficial, las prestaciones sociales, la entrega de medicamentos y las operaciones comerciales de pequeñas empresas. El aumento de las tarifas postales supondría una carga para los hogares y las pequeñas empresas; al mismo tiempo, podría cambiar el entorno competitivo para los proveedores privados de logística. Los procesos electorales también podrían verse afectados indirectamente si los plazos de entrega se alargan, aunque el correo electoral por voto postal tiene prioridad legal y recibe un tratamiento específico.
El 10 de noviembre no se anunciaron objetivos concretos de ahorro, cifras sobre posibles cierres de oficinas ni un calendario. El USPS subrayó que el alcance y el ritmo de cualquier medida dependerán en gran medida de las próximas decisiones del Congreso. Lo que está claro es que, sin alivio legislativo o financiero adicional, el servicio postal federal probablemente tendrá que ampliar los programas de eficiencia que puso en marcha recientemente, con efectos importantes en el alcance de los servicios y los precios.
La advertencia actual se suma a los avisos previos de la entidad durante el año en curso y vuelve a poner el tema en la agenda durante la fase de sesiones presupuestarias en Washington. No está claro si se acordará un paquete que combine medidas a corto plazo para asegurar la liquidez con reformas estructurales a largo plazo.
Editora: Mira Cadena (artículo elaborado con asistencia de IA).