Noticia breve
La Legislatura del Estado de Dakota del Sur tiene ante sí una ley denominada Senate Bill 135, identificada como «ENROLLED» en la documentación legislativa, que lleva el título oficial «Data Center Bill of Rights for Citizens». El texto (SB135) establece, entre otras cosas, que los proveedores de energía deben establecer condiciones específicas para el suministro a centros de datos y que los operadores pueden ser considerados responsables de los costos de la red y del suministro que ocasionen. En cuanto al consumo de agua, la ley establece requisitos de notificación y revisión ante las autoridades del agua locales, además de exigir informes semestrales. (Fuentes verificadas: documentos legislativos y el PDF «Enrolled» publicado en el repositorio.)
La nueva disposición que impide una regulación estatal anticipada es clave para el orden constitucional del estado: el texto de la ley excluye expresamente la preeminencia estatal sobre las facultades normativas locales y confirma así el derecho de las ciudades, los condados y otras subdivisiones políticas a limitar o prohibir la construcción, el desarrollo o la operación de centros de datos. Este apartado precisa las competencias municipales frente a posibles facultades estatales de planificación.
Varios informes de medios regionales y del Capitolio estatal coinciden en que hubo debates, aprobaciones en comisión y mayorías legislativas a favor de disposiciones sobre protección de datos y suministro durante la sesión legislativa de 2026. Sin embargo, en el momento de la verificación no se encontró una copia oficial con el espacio de firma del gobernador cumplimentado ni una fecha publicada de entrada en vigor; el documento «Enrolled» muestra los campos de firma preparados, pero sin fecha. Los medios también confirman que otras propuestas —como la prohibición general de exenciones fiscales o una moratoria general para los centros de datos a hiperescala— fueron rechazadas o reformuladas durante la sesión.
Los textos legislativos de SB135 están disponibles y confirman las disposiciones fundamentales, incluido el fortalecimiento de las facultades decisorias locales. A la fecha de verificación (27 de agosto de 2026), siguen pendientes la firma formal del gobernador y la fecha concreta de entrada en vigor; estos dos datos deben añadirse antes de publicar una valoración definitiva.
Editora: Mira Cadena (artículo elaborado con asistencia de IA).