El presidente Donald Trump ha vuelto a poner en duda la integridad de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos el 5 y el 6 de noviembre de 2026 y ha instado a las autoridades electorales de Alaska a atribuir votos en la elección al Senado al senador republicano en funciones Dan Sullivan . Trump calificó de «crooked» las elecciones de medio mandato. Según la información disponible, no existe base legal para una «reasignación» posterior de votos.
El contexto inmediato es una disputa judicial sobre el recuento de votos en Alaska. El Departamento de Justicia había solicitado antes de las elecciones suspender la certificación del resultado en caso de que el senador Dan Sullivan perdiera. El tribunal federal de distrito de Anchorage rechazó la solicitud el 1 de noviembre de 2026. La jueza federal de distrito Sharon Gleason argumentó que el tribunal no podía aceptar la revisión individual propuesta ni el tratamiento separado de ciertos votos por correo, porque eso pondría en peligro el secreto del voto y sería inviable en la práctica. Con la decisión, quedó abierto el camino para continuar el procedimiento conforme a la ley estatal y preparar la certificación.
Alaska utiliza un sistema de voto por orden de preferencia, en el que los votantes ordenan a los candidatos; las rondas de recuento distribuyen gradualmente las preferencias. Anteriormente, tribunales estatales habían confirmado la inclusión de otro candidato cuyo apellido es Sullivan. La Alaska Division of Elections señaló que las normas y las instrucciones vigentes buscan reducir el riesgo de confusión. La exigencia de Trump de atribuir votos a un candidato determinado basándose únicamente en la coincidencia de apellidos contradice esos principios y la ley electoral estatal.
Hay que distinguir los hechos de las valoraciones: las declaraciones del presidente constituyen una exigencia política. Los tribunales y las autoridades electorales invocan la ley vinculante y la protección del secreto del voto. En los documentos judiciales pertinentes no se presentaron pruebas concretas de fraude electoral relacionado con las elecciones de Alaska; la disputa gira en torno a cuestiones de procedimiento, no a manipulaciones demostradas. Según información del tribunal, el Departamento de Justicia estudiaba posibles recursos, pero hasta el cierre de esta edición no constaba en el expediente ninguna medida al respecto.
La intervención desde Washington intensifica la disputa sobre la fase posterior a las elecciones y la percepción pública del recuento. Desde el punto de vista jurídico, solo se pueden modificar votos ya emitidos al amparo de disposiciones legales claras o de órdenes judiciales. Por ahora, las autoridades de Alaska deben seguir el procedimiento vigente de recuento y certificación.
Editora: Mira Cadena (artículo elaborado con asistencia de IA).