Tras un fin de semana de creciente preocupación en el sector tecnológico, el presidente de Estados Unidos Donald Trump rechazó públicamente el 14 de septiembre de 2026 cualquier necesidad de nuevas normas gubernamentales para la inteligencia artificial avanzada. En una publicación en su red social, Trump calificó de «conspiración ENFERMA» contra la IA los llamamientos de altos directivos de empresas a ralentizar el desarrollo y establecer nuevas «barreras de seguridad», y centros de datos escribió que el único control necesario era «un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡de alto coeficiente intelectual!)». Donald Trump se refirió así expresamente a los recientes llamamientos de líderes del sector como Dario Amodei (Anthropic) y Sam Altman (OpenAI).
El detonante inmediato de sus declaraciones fueron los llamamientos generalizados en el sector a reforzar las medidas de seguridad, incluidas las advertencias públicas de que un desarrollo sin restricciones podría entrañar «riesgos existenciales». En cambio, la declaración de Trump del 14 de septiembre de 2026 pone el foco en la competencia nacional: advirtió que las restricciones podrían debilitar la ventaja de Estados Unidos frente a China y señaló que ya existen facultades penales y de supervisión. El Casa Blanca difundió las declaraciones a través de la cuenta de Trump; por el momento, la Administración no emitió explicaciones formales adicionales.
Los hechos y las repercusiones ya son perceptibles. Informaciones de prensa confirman que las declaraciones de Trump tuvieron repercusión internacional: las acciones tecnológicas y los valores de semiconductores bajaron, y representantes políticos de ambas cámaras del Congreso volvieron a posicionarse según las conocidas divisiones entre quienes priorizan el impulso al sector y quienes abogan por la prevención. Congresistas republicanos celebraron la postura de Trump por favorecer la competitividad; congresistas demócratas, en cambio, pidieron un debate parlamentario sobre normas de seguridad vinculantes.
El argumento de Trump distingue claramente entre afirmaciones fácticas, opiniones atribuidas y pronósticos: sostiene que los instrumentos penales y regulatorios existentes son suficientes; sus críticos responden que las leyes actuales no están diseñadas para abordar sistemáticamente riesgos tecnológicos complejos. No está claro si la Administración introducirá cambios formales en la política de IA que aplica desde junio de 2026; un proceso legislativo a corto plazo en el Congreso parece improbable dadas las circunstancias políticas y partidistas.
El debate sigue teniendo importancia nacional: abarca a la vez la seguridad, la economía y la política exterior, en particular la cuestión de cómo puede Estados Unidos defender su liderazgo tecnológico frente a China sin dejar lagunas regulatorias ante riesgos sistémicos. Para adoptar medidas concretas harían falta proyectos de ley, directrices de las agencias o acuerdos internacionales; hasta ahora solo ha habido declaraciones partidistas y llamamientos públicos.
Editora: Mira Cadena (artículo elaborado con asistencia de IA).