Según informes confirmados del grupo de prensa y comunicados de la oficina de prensa, la Casa Blanca impidió el 5 de octubre de 2026 que Politico participara como representante principal de la prensa escrita en el vuelo del presidente a Grand Island, Nebraska. La decisión hizo que el puesto de prensa escrita previsto para ese día quedara vacante, ya que ningún otro medio quiso asumir la tarea. Así lo indicó la Nota del grupo de prensa distribuida a bordo, así como informaciones de medios reconocidos que citaron los informes del grupo de prensa.
En una declaración escrita dirigida a los periodistas, la Casa Blanca justificó la medida al afirmar que viajar en el avión presidencial es «un privilegio, no un derecho». La frase fue recogida por medios de prensa; al mismo tiempo, documentos judiciales y demandas de los medios afectados señalaron que una jueza había dictado a mediados de septiembre una orden judicial preliminar que impedía excluir de forma general a CNN, MS NOW y Politico de las instalaciones de la Casa Blanca. Sin embargo, dicha orden judicial no abarcaba necesariamente la participación en actos presidenciales de acceso limitado ni en el grupo de prensa que viaja a bordo del Air Force One, según se desprende de la disputa judicial.
Los registros del grupo de prensa indican que Washington Post ocupó el puesto secundario de prensa escrita y acordó enviar actualizaciones ocasionales a otros medios; aun así, el puesto principal quedó vacante. CBS, que en ese momento cubría el viaje como parte del grupo de televisión, compartió sus notas con los medios impresos, pero recalcó que eso no constituía un reemplazo formal del representante principal de la prensa escrita.
La decisión marca una nueva escalada en la disputa pública entre la Casa Blanca y varias organizaciones de noticias, iniciada en septiembre de 2026 y que ha desembocado en litigios federales. Los abogados de los medios afectados consideran que las restricciones plantean dudas constitucionales y han solicitado medidas judiciales de mayor alcance. El Gobierno, por su parte, invoca razones operativas y de seguridad, así como el margen de decisión de la Presidencia para elegir qué medios la acompañan.
Las consecuencias de esta práctica son inmediatas y prácticas —una cobertura menos sólida e irregular de los viajes presidenciales por parte del grupo de prensa— y también constitucionales a largo plazo: si el Gobierno utiliza de forma habitual su facultad de selección para excluir del círculo de acompañantes directos a medios críticos, podría reducir la transparencia efectiva de las actividades presidenciales habituales y dar lugar a nuevos litigios.
El 8 de octubre de 2026 está prevista una audiencia ante el tribunal competente para volver a examinar la cuestión de una medida cautelar que garantice el acceso al grupo de prensa.
Redactor: Phillipe Schmidt-Araguin (artículo elaborado con asistencia de IA).